[MSN] Congreso contrata a dos asesores con procesos judiciales abiertos

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Congreso contrata a dos asesores con procesos judiciales abiertos  	
		
  	:: Uno comprendido por estafa y otro por defraudación tributaria

Paola Miranda

& Las contrataciones y adquisiciones en el Parlamento siguen dando que hablar. Esta redacción supo de por lo menos dos casos de asesores congresales contratados en las últimas legislaturas pese a tener antecedentes inapropiados. ¿Aparecerán más cuando doña Meche se anime a publicar la relación del personal en la web?

Asesores con
“anticuchos”
Uno de ellos es Edgardo Olórtegui Huamán, quien fuera separado de la lista de candidatos al Congreso por la agrupación de Ollanta Humala precisamente por sus líos con la justicia, pero que ahora, sin el menor escándalo, ha recalado en el mismo Legislativo donde ejerce como asesor de la Comisión de Seguridad Social. Su sueldo allí es de S/.8, 899.
Los cargos contra el citado asesor Olórtegui no son poca cosa: Está procesado en el 16o Juzgado Penal de Lima por el delito de defraudación tributaria y ocultamiento de ingresos en agravio del Estado. Según se aprecia en la denuncia fiscal 49-2003, habría omitido declarar nada menos que S/.911,118 provenientes de su ejercicio profesional como abogado. Incluso en enero de este año la Tercera Sala Penal para Reos Libres confirmó el juicio y rechazó una apelación presentada por el aludido, quien además enfrenta un proceso por el delito contra la administración pública en el 33o Juzgado Penal.
Otro es el caso de Tomás Gutiérrez Sánchez, actualmente asesor principal del grupo parlamentario Alianza Parlamentaria, cuyo sueldo es el mismo que el de Olórtegui.
Ocurre que Gutiérrez Sánchez fue sentenciado el 17 de agosto del año 2000 al pago de US$2,066 más los intereses a favor del ciudadano Jesús Argandeña Mallqui. Dicha sanción no era más que el intento por cobrarle judicialmente una deuda que contrajo de manera personal en 1997 y que hasta ahora no cancela.
Según consta en el expediente, Tomás Gutiérrez adquirió millares de productos a crédito en la fábrica Plastic Industria Francia, pero al poco tiempo se desentendió del asunto. Acaso de manera similar, Hernán Cartagena Ruiz le reclama a través de una carta notarial de noviembre último el pago de US$3,959 como parte de otra deuda pendiente desde junio del 2006. Se lee en el documento: “Los hechos demuestran que usted nunca tuvo la intención de devolverme el dinero y que quiso obtener beneficios personales bajo el ardid de la publicación de un libro”.��

MAS DATOS
& Hace unos meses la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, sorprendió a la prensa poniendo a disposición de la Policía a dos empleados con requisitorias. ¿Qué hará con estos trabajadores de confianza?��
Paola Miranda


& Mientras el premier Jorge del Castillo aseguró que la empresa Gildemeister aceptó anular el contrato de compra-venta de vehículos que serían acondicionados como patrulleros, ayer la citada compañía sólo aseguró que recopilan documentación sobre la propuesta del gobierno.
A través de un comunicado, el gerente de Administración y Finanzas del Grupo Gildemeister, Eduardo Moyano, sostuvo que “como siempre, existe la mejor disposición de Automotores Gildemeister Perú” para lograr una solución adecuada y de mutuo acuerdo.
“Automotores Gildemeister Perú trabajará con el gobierno del Perú para culminar la documentación necesaria a fin de lograr la solución de este tema en los términos referidos por el presidente del Consejo de Ministros de Perú, que pasa por dejar sin efecto el contrato y las consecuencias que derivan de ello”, precisa el pronunciamiento.

Demanda
En tanto, el representante legal de Anjo Tech, Esly Salinas, sostuvo que el Consorcio Gildemeister le tomó el pelo al gobierno, debido a que no puede dejar sin efecto el contrato por la venta de 96 ambulancias al Ministerio de Salud en virtud de que fue firmado por una sociedad.
Precisó que en esa sociedad también se encuentra su empresa, Anjo Tech, y que ésta no fue consultada al respecto.
“La licitación de las ambulancias la ganó el consorcio Manasa-Gildemeister-Anjo Tech, y a nosotros no nos han preguntado sobre la determinación de anular el referido contrato”, aseveró.
Por ello, anunció que demandará al Estado peruano y a la empresa Gildemeister por la anulación de dicha venta. ��

MAS DATOS
& Esly Salinas dijo en relación a la venta de 469 patrulleros que su empresa, Anjo Tech, cotizó en 4,011 dólares la implementación de los accesorios y no entiende cómo Gildemeister cotizó este servicio en 7,000 dólares. Dejó entrever que este dinero iría a parar a Gildemeister.

http://www.correoperu.com.pe/